Nuevas medidas para situaciones de emergencia

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley  10/2026, de 28 de abril,  que establece medidas urgentes de carácter fiscal y social para atender a personas afectadas por distintas emergencias recientes, como la DANA, accidentes ferroviarios y otros supuestos excepcionales. La norma responde a la necesidad de ofrecer soluciones inmediatas a colectivos especialmente vulnerables.

Indemnizaciones exentas de tributación

Una de las medidas principales es la exención en el IRPF de las indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Esta decisión deriva de acuerdos institucionales previos orientados a garantizar la reparación del daño sufrido.

Con esta exención, se evita que los beneficiarios deban tributar por cantidades que tienen un carácter compensatorio, permitiendo que reciban íntegramente las cuantías reconocidas.

Mejoras en prestaciones por accidentes

El texto también introduce mejoras para las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. En concreto, se les reconoce una situación equiparable a accidente de trabajo, lo que implica mejores condiciones en las prestaciones de la Seguridad Social.

Esto supone, entre otras ventajas, el acceso al 100% de la base reguladora y la eliminación de requisitos previos de cotización. Estas condiciones también se aplican a determinadas pensiones derivadas de estos hechos.

Apoyo financiero a territorios afectados

En relación con la DANA, se habilita una nueva línea de financiación para comunidades autónomas, especialmente la Comunitat Valenciana. Además, los gastos asociados a estas catástrofes no se tendrán en cuenta para el cumplimiento de las reglas fiscales.

Esta medida permite a las administraciones afrontar los costes sin incurrir en incumplimientos presupuestarios.

Tratamiento fiscal de ayudas

El Real Decreto-ley declara exentas las ayudas otorgadas por entidades sin ánimo de lucro a los afectados por la DANA, así como otras ayudas públicas similares. Se busca así un tratamiento fiscal coherente entre distintas fuentes de financiación.