Temporalidad abusiva en empleo público

Origen del litigio europeo

El TJUE ha resuelto el asunto C-418/24, en el que analiza si las medidas españolas frente al abuso de contratos temporales en el sector público cumplen con el Derecho de la Unión. El caso se refiere a una trabajadora que prestó servicios mediante contratos de interinidad sucesivos durante varios años en un centro público.

Los tribunales españoles calificaron su relación como indefinida no fija, lo que le permite mantener su puesto hasta su cobertura definitiva, con derecho a indemnización. Sin embargo, la trabajadora reclamó ser considerada fija, lo que llevó al Tribunal Supremo a plantear cuestión prejudicial.

Valoración de las medidas nacionales

El TJUE señala que corresponde a los tribunales nacionales valorar su normativa, pero introduce criterios relevantes. En primer lugar, considera que la figura del indefinido no fijo no es una solución adecuada, ya que mantiene la incertidumbre laboral y no garantiza estabilidad.

En segundo lugar, analiza las indemnizaciones previstas en el sistema español. Estas, al abonarse solo al finalizar la relación y tener límites, pueden no ser suficientes para compensar el abuso ni disuadir a la Administración.

Otros mecanismos analizados

El Tribunal también examina el régimen de responsabilidad de la Administración. Indica que solo será válido si es claro, aplicable y efectivo en la práctica, debiendo además ir acompañado de otras medidas sancionadoras.

Respecto a los procesos selectivos, el TJUE concluye que no son una respuesta adecuada, puesto que no aseguran que el trabajador afectado obtenga la plaza, aunque se valore su experiencia.

Impacto de la sentencia

La resolución introduce dudas sobre la adecuación del modelo español a la normativa europea. El Tribunal Supremo deberá revisar su doctrina y valorar si las medidas actuales cumplen con los requisitos de efectividad y disuasión exigidos.