El Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha confirmado que los requerimientos de documentación realizados por la Administración en el marco de las actuaciones de comprobación pueden interrumpir el plazo de prescripción del derecho del beneficiario de la subvención a reclamar el pago de la ayuda o de la parte pendiente.

El caso se refería al 25 % restante de una subvención concedida por la Junta de Andalucía a una federación empresarial del transporte en autobús. Tras la presentación de la justificación de la ayuda, la Administración realizó varios requerimientos de documentación y, tiempo después, declaró prescrito el derecho al cobro de la cantidad pendiente. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló esa decisión al entender que las actuaciones administrativas y las respuestas de la entidad habían interrumpido la prescripción del derecho del beneficiario de la subvención.

Recurso de casación | derecho del beneficiario de la subvención

En casación, la Junta de Andalucía sostenía que el plazo para reclamar el pago debía comenzar a contarse desde el momento en que surgió la obligación de pago tras la justificación de la ayuda. Asimismo, defendía que los requerimientos posteriores de comprobación no podían interrumpir el plazo de prescripción del derecho del beneficiario de la subvención.

El Tribunal Supremo rechaza este argumento. Señala que no puede hacerse recaer sobre el beneficiario de la subvención las consecuencias de una actuación administrativa irregular o dilatoria, especialmente cuando fue la propia Administración la que solicitó nueva documentación y la entidad beneficiaria atendió dichos requerimientos.

Interpretación de la Ley General de Subvenciones

La sentencia interpreta el artículo 34.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en relación con el régimen de prescripción de las obligaciones públicas. A partir de esta interpretación, concluye que los requerimientos de comprobación realizados por la Administración y la contestación del beneficiario de la subvención tienen eficacia interruptiva respecto del derecho a reclamar el pago.

Además, el Tribunal subraya que el hecho de que en otro procedimiento esos requerimientos pudieran considerarse ineficaces para interrumpir la prescripción del derecho de la Administración al reintegro no puede perjudicar al beneficiario de la subvención.

Fallo del Tribunal Supremo

Desde un punto de vista jurídico, el Tribunal Supremo concluye que las actuaciones de comprobación mediante requerimientos documentales mantienen vigente el derecho del beneficiario de la subvención a reclamar el pago de la cantidad pendiente.

En consecuencia, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía y confirma la sentencia que reconocía que no había prescrito el derecho del beneficiario de la subvención a percibir el 25 % restante de la ayuda. Tampoco se imponen costas en casación.