Falta de convalidación parlamentaria

El Congreso de los Diputados no ha convalidado el Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, lo que ha determinado su derogación conforme a lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución Española. La norma, aprobada por el Gobierno, incluía un conjunto de medidas urgentes en materia de vivienda, energía, empleo, fiscalidad y Seguridad Social. La ausencia de la mayoría parlamentaria necesaria ha provocado la pérdida de vigencia del texto en su totalidad.

Publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado

La derogación ha sido formalizada mediante la Resolución de 27 de enero de 2026, del Congreso de los Diputados, publicada en el Boletín Oficial del Estado de la misma fecha. En dicha resolución se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del real decreto-ley, confirmando que las medidas previstas dejan de resultar aplicables.

Medidas en materia de vivienda y protección social

Entre las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 16/2025 se encontraba la ampliación, hasta el 31 de diciembre de 2026, de la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos en supuestos de vulnerabilidad económica y social. Esta suspensión, introducida inicialmente durante la pandemia, había sido objeto de sucesivas prórrogas. Asimismo, la norma mantenía la posibilidad de compensación económica a los arrendadores afectados, de acuerdo con la normativa vigente. La adopción de estas medidas mediante real decreto-ley se justificaba en el contexto de prórroga presupuestaria.

Medidas laborales y salariales

En el ámbito del empleo, la norma preveía la prórroga transitoria del salario mínimo interprofesional vigente en 2025 hasta la aprobación del correspondiente a 2026. Esta previsión tenía como finalidad evitar vacíos normativos en tanto se aprobaba la nueva cuantía del salario mínimo.

Medidas tributarias derogadas

El Real Decreto-ley 16/2025 incluía también diversas disposiciones tributarias que quedan sin efecto. Entre ellas, la prórroga de beneficios fiscales en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades vinculados a actuaciones energéticas y a la adquisición de vehículos eléctricos. Asimismo, se mantenían los regímenes de estimación objetiva del IRPF y el régimen simplificado del IVA, la imputación de rentas inmobiliarias y determinados incentivos fiscales para pequeños autónomos. La norma establecía, además, la exención en el IRPF de ayudas por daños personales derivados de incendios forestales, emergencias de protección civil y la DANA, así como los coeficientes aplicables en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, medidas que quedan derogadas.