El Supremo acota la acción directa civil

Contexto del caso y antecedentes

El Tribunal Supremo, mediante su Sentencia nº 1281/2025, ha precisado los límites de la acción directa del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro cuando se dirige contra la aseguradora de una Administración pública. El litigio se originó tras un parto en un hospital público en el que un menor sufrió una lesión del plexo braquial. Sus progenitores reclamaron inicialmente una indemnización al Servicio Andaluz de Salud, al entender que existió mala praxis médica.

La Administración desestimó la reclamación patrimonial y dicha resolución adquirió firmeza al no interponerse recurso contencioso-administrativo. Años después, los afectados demandaron ante la jurisdicción civil a la aseguradora de la Administración, reclamando una indemnización de más de 200.000 euros. Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial les dieron parcialmente la razón, pero el Tribunal Supremo corrigió el criterio.

Doctrina fijada por el Tribunal Supremo

La Sala de lo Civil reitera que, aunque la acción directa del art. 76 LCS tiene autonomía procesal, dicha autonomía no puede interpretarse de modo que permita revisar una resolución administrativa firme. Conforme al artículo 73 LCS, la responsabilidad del asegurado —en este caso, la Administración sanitaria— constituye un requisito previo para la del asegurador.

Si la Administración ha sido declarada no responsable mediante resolución firme, el perjudicado no puede pretender que la jurisdicción civil declare lo contrario, pues ello supondría una invasión de la competencia del orden contencioso-administrativo, en contra de lo previsto en los arts. 9.4 de la LOPJ y 2 de la LJCA.

El Tribunal recuerda además que la acción directa conserva su eficacia cuando el perjudicado no ha acudido previamente a la vía administrativa, pudiendo demandar únicamente a la aseguradora ante la jurisdicción civil. Sin embargo, optar por la vía administrativa y consentir su resultado excluye esta posibilidad.

Fundamento y efectos de la sentencia

El Supremo aplica su jurisprudencia consolidada (sentencias 321/2019, 579/2019, 473/2020 y 1488/2024), según la cual no es posible utilizar la acción directa para impugnar actos administrativos consentidos. En consecuencia, se estima el recurso de casación interpuesto por la aseguradora, se casa la sentencia de apelación y se desestima la demanda de los perjudicados.