Sentencia del Supremo sobre transparencia en BOSCO
Supremo obliga a entregar código BOSCO
Condena a la Administración
El Tribunal Supremo, mediante sentencia de 11 de septiembre de 2025 (rec. casación 7878/2024), ha condenado a la Administración a facilitar a la Fundación Ciudadana Civio el acceso al código fuente de la aplicación informática BOSCO. Esta herramienta fue desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica con el fin de permitir a las comercializadoras de energía eléctrica verificar si los solicitantes cumplen con los requisitos legales del bono social eléctrico.
Contexto normativo
La cuestión resuelta por el alto tribunal consistía en determinar la procedencia de entregar dicho código fuente en aplicación de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El análisis se apoyó además en el artículo 105.b) de la Constitución y en el artículo 42 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconocen el derecho de acceso a la información como elemento esencial en un Estado democrático.
Doctrina jurisprudencial
La Sala de lo Contencioso-Administrativo fijó tres principios clave:
El acceso a la información pública es un derecho subjetivo exigible frente a las Administraciones.
El uso de sistemas automatizados en la gestión de derechos sociales exige reforzar la transparencia, lo que puede incluir el acceso a los algoritmos y su código fuente.
La Fundación Civio tiene derecho a conocer el funcionamiento interno de la aplicación BOSCO para verificar la adecuación de sus operaciones al marco normativo vigente.
Revocación de resoluciones previas
La sentencia anula las resoluciones de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, así como la decisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En consecuencia, se estima el recurso presentado por la Fundación Civio y se reconoce su derecho a acceder al código fuente, obligando a la Administración del Estado a entregarlo.
Relevancia de la decisión
La resolución refuerza la transparencia en la actuación administrativa, especialmente cuando intervienen sistemas tecnológicos que afectan al reconocimiento de derechos sociales. La doctrina fijada por el Supremo marcará precedentes en materia de control ciudadano sobre algoritmos públicos, consolidando un estándar de apertura en la gestión de prestaciones sociales.